Ya es oficial. El Congreso ha aprobado la Ley Contra el Fraude Fiscal después de siete meses en ‘barbecho’ tras ser aprobada por el Consejo de Ministros.
De esta manera, la Ley de Medidas de Prevención y Lucha Contra el Fraude Fiscal entrará en vigor una vez sea ratificada por el Senado y al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, según recoge la disposición final cuarta del texto aprobado por el Congreso.
La ley antifraude fiscal incluye decenas de cambios, algunos de ellos dirigidos a empresas, pero sobre todo pretende estrechar el cerco sobre los presuntos defraudadores.
Cuáles son sus implicaciones legales y qué novedades pueden afectar más a las empresas son algunos de los puntos que queremos desarrollar en este artículo.
Como punto de partida, la nueva Ley Contra el Fraude Fiscal de 2021 incluye una enmienda para permitir sin previo aviso las inspecciones por sorpresa de la Agencia Tributaria, cuestionadas hasta ahora por los tribunales y especialmente por el Tribunal Supremo.
Se modifica la Ley General Tributaria para flexibilizar los requisitos que van a ser necesarios para poder hacer esas entradas en empresas.
Esta es una novedad importante para los abogados especializados en derecho mercantil y empresas, ya que este cambio se produce tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo que endurecía los requisitos para que las entradas domiciliarias para hacer inspecciones fuesen válidas.
En todo caso, el procedimiento deberá seguir contando con la autorización de un juez y estar debidamente justificado.
De esta forma, la AEAT busca la manera de ocultar a los dueños de las empresas sus inspecciones, para así poder destapar las ilegalidades que puedan estar cometiendo.
Ley antifraude fiscal: prohibidos los pagos en efectivo de más de 1000 euros
Entre las novedades más importantes que incorpora esta Ley de Medidas de Prevención y Lucha Contra el Fraude Fiscal (nombre oficial) hay varias que afectan de forma directa a los autónomos.
Una de ellas es la bajada del límite de pago permitido en efectivo entre profesionales (empresarios o trabajadores por cuenta propia), que pasa de los 2500 euros a los 1000 euros, según el informe aprobado por el Parlamento.
Con la nueva Ley Contra el Fraude Fiscal los trabajadores por cuenta propia no podrían pagar desde el mismo momento de su entrada en vigor más de 1.000 euros en efectivo en sus transacciones comerciales.
El objetivo del Gobierno con la introducción de esta modificación es restringir otra vía que facilite el fraude fiscal, castigando los pagos en efectivo por ser operaciones más complicadas de rastrear.
Así, con los cambios aprobados que se introducen en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, aquellos que, según el texto, paguen «en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1000 euros», se enfrentarán a sanciones cuya base «será la cuantía pagada en efectivo».
La Ley Contra el Fraude Fiscal trae consigo una nueva tributación de las SOCIMI
La nueva ley trae incorpora algunas novedades para dos figuras societarias que han dado mucho que hablar en los últimos años: las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) y las SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable).
El texto obliga, por un lado, a tributar a las SOCIMI el 15% de sus beneficios no distribuidos y, por el otro, a endurecer las condiciones de inversión en las SICAV para poder beneficiarse de una tributación del 1%.
Eso sí, si cualquiera de estas sociedades se disuelve por no cumplir con los requisitos, se permite un periodo transitorio de seis meses exentos de impuestos, como la tasa Tobin.
A las SICAV, concretamente, la nueva ley fijará requisitos de inversión mínima de 2500 euros, o 12 500 euros en el caso de una SICAV por compartimentos, para contabilizarlas dentro del mínimo de cien participantes necesario para tributar al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.
La Ley de Lucha Contra el Fraude Fiscal también contempla la prohibición del denominado «software de doble uso», que son aquellos programas informáticos que permiten manipular y falsear la contabilidad de las empresas.
Hasta ahora, muchas empresas utilizan estos programas para ocultar parte de su facturación y rebajar, así, su factura fiscal.
Según la nueva normativa, se pretende que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten procesos contables o de gestión empresarial «se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de operaciones».
Nuevo régimen de recargos para autónomos
También es importante hacer referencia al cambio en el régimen de recargos para autónomos por no presentar a tiempo algún modelo. Esto afectará a los trabajadores por cuenta propia que, en algún momento, sobrepasen la fecha límite de presentación y abono de sus autoliquidaciones de impuestos.
Los recargos se hacen más graduales, y se incrementan mes a mes a partir del 1%, en lugar de por bloques de 3 meses como hasta ahora.
Es decir, se pretende que no haya cambios tan bruscos como hay ahora mismo de un mes a otro, ya que un autónomo que presente con un día de retraso su declaración trimestral de IVA tendría el mismo recargo que uno que lo haga con dos meses y medio de retraso.
Sin embargo, si lo presentara a los tres meses y medio pasaría a tener, de golpe, del 5% al 10% de penalización.
El recargo para los autónomos pasará a ser del 1% más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido.
Por tanto, se pretende reducir de forma sustancial estas sanciones durante los primeros meses de retraso para incentivar que se abonen cuanto antes.
Del mismo modo, el proyecto eleva las reducciones a las que pueden optar los contribuyentes, tanto por conformidad como por pronto pago. De esta forma, la reducción de la sanción impuesta en el caso de que haya un acta de acuerdo se eleva del 50% al 65%.
También se aumenta del 25% al 40% la reducción cuando se realice el abono del importe total de la sanción en periodo voluntario (pronto pago).
En AYCE Laborytax estamos cerca de ti para resolver todas las dudas sobre la nueva Ley Contra el Fraude Fiscal y cómo puede afectar a tu empresa. Será un placer atender tus consultas.
