Mañana entra en vigor la Ley de Transparencia para comunidades y ayuntamientos.

2018-08-30T13:07:02+00:0009/12/2015|

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno entrará en vigor mañana para las comunidades y ayuntamientos, dos años después de su aprobación, cuando a finales de 2013 entró en vigor la parte correspondiente al Buen Gobierno, donde se establecen una serie de principios y sanciones para los funcionarios públicos.

Transparencia2-copiaPara la entrada en vigor de las obligaciones de transparencia y acceso a la información inicialmente se fijaron dos plazos, el primero para los organismos estatales que tuvieron que aplicar la ley en su totalidad a partir del 10 de diciembre del año pasado, mientras que a las administraciones locales y autonómicas se les dio un año más de margen y estarán obligadas a cumplir la norma a partir de mañana.

Para evaluar el cumplimiento de la ley, a través del Consejo de Transparencia se va a crear un grupo de trabajo para establecer un sistema de medición único, que sirva para analizar cómo se comportan las tres administraciones en este asunto tan necesario.

A día de hoy, todas las autonomías cuentan ya con su propio portal de transparencia para ofrecer la obligada información sobre contratos públicos, retribuciones de altos cargos y subvenciones, entre otros, pero además de ofrecer la denominada ‘publicidad activa’ a través de estos portales, la ley establece que debe crearse un órgano que resuelva las reclamaciones que presenten los ciudadanos si consideran que una administración no ha cumplido con las obligaciones que marca la legislación.

A día de hoy solo Murcia, Cataluña y Canarias,  han creado los equivalentes autonómicos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, por su parte la Comunidad de Madrid ha encargado esta tarea al Consejo Consultivo, Galicia y Navarra se la han encargado a su correspondiente Defensor del Pueblo, y Castilla y León por su parte creará un Comisionado de Transparencia

En el caso de Comunidad Valenciana , Andalucía, País Vasco y Aragón ya han decidido qué organismo se encargará de velar por el cumplimiento de la ley, pero aún no están activos, mientras que el resto de comunidades aún no han definido qué organismo garantizará la transparencia.

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